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| Intervención en cámara 7/7/2026 |
El Parlamento Nacional dio una muy buena señal que contradice los numerosos desencuentros que se mediatizan a la velocidad de un clic; esta vez hubo acuerdo unánime para dar media sanción a un proyecto que apunta a bajar la reincidencia y devolver al entramado social a los cientos de personas que padecen de una adicción y terminan incursionando en una carrera delictiva sin retorno... hasta ahora.
Porque a partir de esta experiencia - que descontamos será confirmada en el Senado - empezaremos a recorrer un camino de recuperación de muchas voluntades afectadas por una adicción y que merecen una oportunidad que los devuelva a la sociedad que hoy los excluye.
Una situación que afecta a un altísimo porcentaje de privados de libertad que hacinan nuestro sistema penitenciario y que no tienen otra alternativa que incrementar su adicción en un contexto de encierro que no contempla su recuperación y los deja a merced de un circuito donde el delito es la única opción.
Familias enteras que ven cómo sus hijos sufren las consecuencias del consumo y terminan arrastrando a todo el círculo familiar en un espiral de deudas y reincidencias que no tenían alternativas, hasta ahora. Es que este proyecto es una salida posible y comprobada en otros países para quienes caen en el delito para cubrir su adicción y saldar las deudas que la misma les genera con los proveedores. Personas que ingresan, sin pretenderlo, en un espiral de violencia indiscriminada que termina afectando a los círculos más íntimos y con la cárcel como opción en el mejor de los casos. Y ahí es donde empieza otro recorrido donde la saturación de un sistema ofrece poca o ninguna alternativa para una genuina rehabilitación.
Ese circuito es el que tenemos la obligación de atender con medidas efectivas como estas, probadas en la región y el mundo y que Uruguay no podía darse el lujo de eludir por prejuicios ideológicos. Esta vez, el sistema político puso el foco donde debe ser y otorga una posibilidad a la justicia de explorar otro camino alternativo a la privación de libertad para atender las causas que dan origen al delito.
Este instrumento viene a dar una oportunidad a quienes son víctimas de una adicción que terminan cometiendo delitos para satisfacer su abstinencia sin otra salida posible que seguir consumiendo.
La Justicia Terapéutica es una poderosa herramienta que, acá cerquita en Argentina, los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) recogen experiencias exitosas que esperamos replicar en nuestro país.
Junto a la hoy ministra de Transporte y Obras Públicas – Lucía Etcheverry – y algunos jueces también, trabajamos este tema en la pasada legislatura, por eso es que me complace dar el sí a este proyecto.
A diferencia del enfoque tradicional que enfatiza en el castigo como fin último del proceso penal, la justicia terapéutica propone que el sistema judicial sea un espacio de contención, transformación y cuidado.
Este proyecto propone un plan piloto que ofrece una respuesta integral al problema delictivo vinculado al consumo problemático de drogas. No se trata de una propuesta que deje impune al delito sino de una que ataca de raíz a los principales problemas: la adicción y la exclusión social que la misma provoca.
Estudios internacionales muestran que estos programas generan ahorros importantes en comparación con los costos del encarcelamiento y que sus egresados reinciden mucho menos que aquellos que pasan por el sistema penal tradicional, devolviéndolos al entramado social de forma activa. Confirmando, en definitiva, que es un instrumento que fortalece el vínculo entre justicia, salud y comunidad.
Asimismo, esta modalidad restablece la suspensión condicional del proceso devolviéndole al sistema judicial un instrumento muy valioso para estos objetivos.
Estamos evolucionando hacia una justicia más humana, eficaz y restauradora.
7/7/2026
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