En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tuberculosis, en el pleno de la Cámara de Representantes, expuse sobre la incidencia de dicha enfermedad en los contextos de encierro de nuestro país y el desafío que implica su tratamiento para el universo de la población privada de su libertad. Sin salud no hay rehabilitación posible ni mucho menos, sustentable.
La tuberculosis es producida por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis), y fue descubierta en 1882 por Roberto Koch, de ahí que se la conozca -también- como "Bacilo de Koch". En vísperas de la conmemoración -el próximo 24 de marzo- de un nuevo día internacional de dicha enfermedad, se llevó a cabo en el pleno de la cámara baja una exposición sobre su incidencia en la salud de los uruguayos que tuvo como expositor al diputado del Frente Amplio, Dr. Luis Gallo.
"Es la enfermedad que más mata en el mundo", como bien expresó Gallo al inicio de su exposición; a mi turno, complementé ese dato con cifras de infectados en el sistema penitenciario nacional, donde tan solo en la Unidad Nº 4 del INR (complejo penitenciario de Santiago Vázquez, ex ComCar), registra hoy 22 infectados, la mayoría jóvenes.
Indeseado visitante
En 2023, se notificaron 154 casos de tuberculosis en personas privadas de libertad en Uruguay, lo que representa un aumento de 34 casos en comparación con 2022. De estos casos, el 96% correspondió a varones y el 89% a personas menores de 44 años. Además, el 8% de los casos presentó coinfección con VIH, y el 91% conocía su estado serológico respecto al VIH.
La tasa de incidencia de la tuberculosis en las Personas Privadas de Libertad - PPL, es significativamente más alta que en la población general. En 2019, se reportó que la tasa de tuberculosis en PPL´s era 25 veces mayor que en la población en general.
Más allá de los números y los diagnósticos médicos, la situación de las cárceles en torno a la tuberculosis es solo una parte más de una verdad que muchas veces preferimos no ver. La tuberculosis en las cárceles uruguayas no es solo un problema sanitario, es un reflejo descarnado y brutal de las desigualdades que persisten en todo el sistema.
La tuberculosis, una enfermedad que creíamos del pasado, golpea con fuerza en nuestro país y de forma preocupante en nuestras cárceles. La tasa de incidencia entre las personas privadas de libertad es desproporcionadamente alta, muy por encima de la que encontramos en la población en general. Según el Programa Nacional de Tuberculosis, la incidencia de tuberculosis en los contextos de encierro fue de 1026 casos por cada 100.000 personas privadas de libertad en 2023, representando el 11% del total de casos del país. Esta cifra asusta si la comparamos con la tasa de incidencia general del país, que fue de 36 casos por cada 100.000 habitantes.
Y este no es un dato menor. Porque, detrás de cada número hay una persona: un varón joven en su mayoría -el 96% de los casos en las cárceles corresponden a varones-, muchas veces con una salud deprimida por las condiciones de reclusión, hacinamiento, deficientes condiciones higiénicas y la mala ventilación de los espacios de reclusión. ¿Cómo no iba a propagarse la enfermedad? ¿Cómo sorprendernos si las condiciones están dadas para que así sea?
El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para controlar la tuberculosis en las cárceles. Según el "Protocolo de Atención de Tuberculosis en Centros de Privación de Libertad", elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se recomienda realizar pruebas de detección sistemáticas al ingreso de los reclusos y durante su estadía en el centro penitenciario. Este protocolo también enfatiza la importancia de la educación sanitaria y la promoción de medidas preventivas entre los reclusos y el personal penitenciario.
Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud son claras: hay que diagnosticar a tiempo, hay que tratar de forma continua, hay que educar para prevenir. Pero, ¿estamos siendo verdaderamente efectivos en frenar esta cadena de contagios?
Riesgo de contagio
Los datos nos muestran que el seguimiento del tratamiento en las cárceles tiene fisuras. En el 2021, el 14% de las personas privadas de libertad con tuberculosis abandonaron el tratamiento tras recuperar su libertad, un punto crítico porque la falta de continuidad no solo pone en riesgo la salud de quien sale, sino que incrementa el riesgo de transmisión comunitaria.
Otros tantos dentro del sistema penitenciario, lidian con la falta de recursos médicos y la escasez de personal de salud. El diagnóstico tardío sigue siendo una de las preocupaciones constantes, a pesar del uso creciente de pruebas moleculares rápidas, lo que evidencia que la sospecha clínica sigue siendo baja y que la detección precoz aún es una deuda pendiente.
Estas reglas exigen que los reclusos reciban los mismos estándares de atención sanitaria que están disponibles para la comunidad en general, incluyendo el acceso gratuito a servicios esenciales para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Además, recalcan la necesidad de que los servicios médicos en las cárceles estén vinculados con el sistema de salud pública para garantizar la continuidad de la atención, incluso después de recuperar la libertad.
No es un acto de caridad, es un derecho humano básico.
Si creemos que dejar que la tuberculosis circule a sus anchas en las cárceles es solo un problema del sistema penitenciario estamos desconociendo por completo la forma en la que esta enfermedad funciona y se transmite. Estamos permitiendo que trascienda esos muros y llegue a las calles, a las comunidades, a las familias. No es un problema exclusivo de las cárceles; es un problema de salud pública, un problema de todos.
Más allá de los muros
No se trata solo de reforzar el sistema sanitario penitenciario -que, por supuesto, es urgente-, sino de comprender que este es un síntoma más de un problema estructural. Las cárceles NO pueden seguir siendo depósitos humanos donde las enfermedades encuentran terreno fértil. Hay que apostar a la dignidad, a las condiciones básicas de vida, a la prevención real y efectiva, si en verdad queremos hablar de rehabilitación.
Cada persona que muere por una enfermedad prevenible, cada recluso que enferma y no recibe un tratamiento adecuado, nos hace responsables a todos. Nos dice que algo estamos haciendo mal, y nos debiera interpelar: ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué podemos hacer mejor?
La tuberculosis en las cárceles uruguayas representa un desafío complejo que requiere la colaboración de múltiples actores. La implementación de políticas integrales que aborden tanto las condiciones estructurales de las cárceles como la atención médica que las personas privadas de libertad reciben, elementos que son esenciales para controlar y reducir la incidencia de la tuberculosis en esta población vulnerable.
La tuberculosis en general, y en las cárceles en particular, dan cuenta de que no solo nos enfrentamos a un problema médico: es un recordatorio de que debemos mirar más allá de uno mismo, y que, si los problemas son comunes, también debieran serlo sus soluciones.
Graciela Barrera
11 de marzo de 2025
MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
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